Expropiación de Tierras:
Para los legisladores demócratas “es ilegal, inconstitucional, innecesaria y
poco transparente”
Los bloques de senadores y diputados del Partido Demócrata fijaron la posición con respecto al anuncio formulado por el Gobernador Francisco Pérez, en relación a la expropiación de bienes rurales que tiene deuda con el Departamento General de Irrigación.
Tanto el presidente del bloque de senadores Carlos Aguinaga, como el de diputados Aníbal Ríos sostienen que “la propuesta del Sr. Gobernador de expropiar inmuebles por deuda es ilegal, inconstitucional, innecesaria, y poco transparente. Más que una expropiación, se está proponiendo una confiscación lisa y llana de propiedades rurales”.
Si bien la ley autoriza en forma excepcional a expropiar un inmueble por causas de utilidad pública, se deben cumplir en forma estricta distintos requisitos sin los cuales no habrá expropiación, sino una mera confiscación de bienes inmuebles.
En primer lugar se requiere la sanción de una ley que declare la utilidad pública de cada inmueble en particular e individualizado previamente. No puede expropiarse en forma genérica o automática como pretende el proyecto oficial.
En segundo lugar, el Estado debe pagar “previamente” una indemnización al propietario del inmueble a expropiar, y seguirse el procedimiento legal. Esta indemnización debe incluir tanto el valor objetivo del inmueble como los daños causados al propietario por el trámite de la expropiación.
El proyecto del gobierno viola estos dos principios, por lo que es inconstitucional e ilegal.
Pretende sancionar una ley sin determinar en forma precisa los bienes a expropiar.
No prevé pagar la indemnización al propietario en forma previa a producirse la expropiación y toma de posesión por parte del Estado.
Sostienen los legisladores demócratas que “se pretende compensar la indemnización a pagar con la deuda que pueda tener el propietario del inmueble con Irrigación por el servicio del agua de riego, lo que es ilegal. Además, el acreedor de la deuda es Irrigación, y no la Provincia, por lo que no puede haber compensación alguna”.
Pone en riesgo el principio de inherencia del agua a la tierra, instituto jurídico que ha sido un pilar histórico del crecimiento y desarrollo provincial.
El proyecto del gobierno es innecesario pues no hace falta recurrir a una herramienta extrema como la expropiación, para cobrar las deudas que el particular tenga por el agua con el Estado. Para ello existen procedimientos de cobro que el Estado debe utilizar como es el apremio y remate de propiedades.
Es objetable desde lo práctico, porque el proyecto ataca al productor o propietario rural que tiene deuda por no ser rentable desde el punto de vista económico la puesta en marcha de la producción de una propiedad, y se lo sanciona despojándolo de su inmueble sin abonar la indemnización que establece la ley. El inmueble puede terminar en manos de terceros designados por el Estado, que tampoco garantizan una explotación productiva del mismo.
El plazo indicado de deudas de más de 10 años requiere para su aplicación la existencia de deudas reconocidas en sentencias judiciales, pues el plazo de prescripción de una deuda sin sentencia es de 5 años. Es evidente que es más sencillo ejecutar una sentencia y llegar a un remate, que amenazar al derecho de propiedad en forma genérica con la confiscación de propiedades.
El sistema propuesto es poco transparente, pues permite corruptelas en el manejo de las propiedades, sin que se garantice una correcta explotación. La calificación de las tierras como “abandonadas” se presta a manejo poco claro, pues muchas propiedades pueden estar improductivas, pero no encontrarse abandonadas. En este caso podrán producirse desigualdades si el PE remite como individualización unos predios y otros no, sin mediar un criterio válido de distinción.
El ataque a la propiedad privada que viene realizando el gobierno nacional y el provincial, no terminará empobreciendo gravemente a todos, pues cuando se espantan las inversiones, el resultado es menos trabajo y sueldos más bajos. No es casual que nuestro país sea uno de los que menos inversiones reciben, y que sufra una fuga de capitales históricos, producto de la falta de confianza y la inseguridad jurídica.
Cabe destacar que este documento ha sido ratificado por el senador Ernesto Corvalán y los diputados Jesús Riesco, Rómulo Leonardo, Aldo Vinci y Hugo Babolené.
